Pinotepa Nacional Oax., 17 febrero 2022. Roxana Ruiz Santiago, de 21 años de edad, quien estaba encarcelada en el penal Neza Bordo del Estado de México, fue puesta en libertad la madrugada de este miércoles, la joven es originaria de Pinotepa Nacional Oaxaca.
La joven Roxana, fue detenida el pasado mes de mayo de 2021, por asesinar en defensa propia a su agresor sexual, en Nezahualcóyotl, por lo que fue ingresada al penal Neza Bordo del Estado de México, donde enfrentaba su proceso legal.
El Colectivo Nos Queremos Vivas Neza, que ha acompañado a Roxana en su proceso penal, exigiendo su liberación, emitió el siguiente comunicado:
Estimadas compañeras, compañeros, colectivas, organizaciones y medios de comunicación que se han solidarizado con el caso de nuestra hermana de lucha y resistencia Roxana Ruiz Santiago:
Les informamos con enorme gusto que en la madrugada del día de hoy, miércoles 16 de febrero del 2022, Roxana pudo salir libre. Pasados nueve meses de prisión preventiva, en la última audiencia llevada a cabo el día de ayer 15 de febrero en los juzgados de los penales en Neza Bordo, Estado de México, el Juez de Control dictaminó que Roxana podía continuar su proceso penal fuera de prisión.
En un país donde existe una elevada cifra de personas cumpliendo sentencias anticipadas sin un debido proceso por enfrentarse a abogados de oficio, ministerios públicos y demás autoridades invadidas por la terrible corrupción, ineptitud, colusión y omisiones, esta determinación significa para Roxana, para muchas mujeres y personas presas sin sentencia, un acto sin precedentes.
Con base en el paradigma del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la prisión preventiva oficiosa debería ser la última opción porque el Estado debe investigar y procesar antes que sancionar, lo cual se considera una misión fundamental para la administración y procuración de Justicia. La argumentación para encarcelar a Roxana se basó en el catálogo de delitos establecido en el artículo 19 constitucional, sin embargo, esta legislación permite abusos en múltiples aspectos, como el abuso de autoridad y de la prisión preventiva, lo cual se contrapone al respeto de los derechos humanos y el ordenamiento internacional, así como al principio de presunción de inocencia. La prisión preventiva deberá usarse solo en caso de que no se pueda decretar ninguna otra medida para garantizar la comparecencia de la persona imputada y la protección de la víctima y/o l@s testig@s.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala, que para la imposición de una medida cautelar es importante considerar caso por caso, el contexto, la complejidad, las condiciones de las personas imputadas, etc. En ese sentido, las medidas decretadas en esta última audiencia son congruentes con los principios internacionales y los de la SCJN, y toma en cuenta la condición de vulnerabilidad de Roxana, por su condición de género, su situación económica, su origen indígena, etc.
Asimismo, es importante señalar que el Juez de control hizo énfasis en que el cambio en las medidas cautelares, no deja en estado de indefención a las víctimas u ofendidos, no prejuzga los hechos, ni afecta sus derechos, al contrario, de ahora en adelante ambas partes acudirán al juicio en igualdad de condiciones. Es en el juicio y no antes, donde se emitirá la sentencia final: si Roxana es inocente y si actuó en legítima defensa.
Roxana, su abogada Abigail Escalante, su equipo de defensa legal y quienes damos acompañamiento al caso (Comité "Roxana Libre" y Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza) estamos en toda la disposición de respetar las medidas cautelares sentenciadas. Consideramos de suma importancia el giro significativo que se le ha dado a su proceso por el respeto a sus derechos, porque se deja de anticipar su culpabilidad y sobre todo porque ha dejado de ser sujeta a la restricción de su libertad, lo cual representaba duros efectos en toda su esfera de vida: en su integridad física, psicoemocional, económica, familiar, etc.
Sin duda este caso podría marcar una diferencia crucial para muchos otros que mantienen a personas presuntamente inocentes y que se encuentran bajo múltiples condiciones de vulnerabilidad, abarrotando las prisiones de esta entidad y de todo el territorio mexicano.
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